En 2024, Bolivia vivió uno de los desastres ambientales más devastadores de su historia reciente: más de 12.6 millones de hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales, superando incluso el fatídico año 2019. Esta catástrofe no fue producto de un fenómeno natural aislado, sino la consecuencia directa de un modelo de desarrollo desordenado, políticas estatales permisivas y la expansión de actividades ilegales, como la minería clandestina.

El Biocidio de 2024: Incendios como Política de Estado

Lejos de aplicar una estrategia firme de prevención y control del fuego, el Estado boliviano optó por legitimar las quemas mediante autorizaciones de chaqueos "controlados" como parte de su “plan de prevención”. Esta política, en la práctica, facilitó la expansión del fuego.

El informe “Tras las huellas del fuego” de la Fundación Tierra denunció que esta permisividad revela la ausencia de un modelo estructurado de gestión del fuego. En lugar de contener la crisis, el Estado institucionalizó la quema como método de uso y transformación del suelo, amparado en normativas poco fiscalizadas y con sanciones mínimas.

¿Quiénes Prenden Fuego y Por Qué?

El 66% de los incendios forestales en 2024 fueron provocados de forma intencionada, con Santa Cruz como el departamento más afectado (8.5 millones de hectáreas, seguido por Beni 3.4 millones ). Las motivaciones principales se agrupan en dos categorías:

  • Quemas agropecuarias, ligadas a la habilitación de tierras para agricultura y ganadería.

  • Quemas malintencionadas, utilizadas como estrategia de ocupación territorial, invasión de áreas protegidas y posterior regularización.

Los actores responsables, según el informe, incluyen:

  • Asentamientos ilegales en Áreas Protegidas (36%)

  • Asentamientos en Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) (20%)

  • Empresas agropecuarias legalmente establecidas (14%)

  • Nuevos asentamientos en tierras fiscales (11%)

Esto demuestra que el fuego es una herramienta deliberada de transformación territorial, a menudo avalada por políticas de redistribución o legalización de tierras sin evaluación ambiental previa.

La Minería Ilegal: Un Incendiario Silencioso

A pesar de que el enfoque predominante recae sobre el agro, la minería ilegal ha emergido como un actor devastador en la expansión del fuego, especialmente en la Amazonía, la Chiquitanía y el norte paceño.

La minería ilegal:

  • Utiliza fuego para abrir caminos y limpiar zonas ribereñas.

  • Promueve la deforestación de áreas inaccesibles mediante quema.

  • Contamina ríos y suelos con mercurio, afectando la biodiversidad y la salud humana.

  • Impulsa asentamientos clandestinos que usan el desmonte como forma de consolidación territorial.

Esta actividad se ha infiltrado incluso en territorios indígenas y áreas protegidas, donde el impacto es doble: ecológico y cultural. Sin fiscalización efectiva ni voluntad estatal, los incendios se convierten en aliados de quienes depredan impunemente los ecosistemas.

Distribución del Daño: ¿Quiénes Pierden Más?

El impacto de los incendios en 2024 fue profundo y estructural. En Santa Cruz, la distribución del área quemada fue:

  • Tierras Comunitarias de Origen (TCO): 30%

  • Áreas Protegidas: 27%

  • Tierras fiscales: 13%

  • Empresas agropecuarias: 12%

Estas cifras confirman que los territorios más vulnerables —indígenas, forestales o de alto valor ecológico— fueron los más afectados, dejando al descubierto la inoperancia del Estado en su protección.

El Fuego se Multiplica: Causas de su Expansión

Cada hectárea de quema autorizada generó en promedio 12 hectáreas más de incendio no controlado. Esta expansión se vio favorecida por:

  • Ausencia de cortafuegos y sistemas de alerta temprana

  • Falta de seguimiento técnico a quemas autorizadas

  • Altas temperaturas, sequías prolongadas y acumulación de biomasa seca

  • Insuficiencia de brigadas forestales y recursos logísticos

Los meses críticos fueron agosto, septiembre y octubre, concentrando el 84% de la superficie afectada, con un pico alarmante en septiembre.

Un Modelo de Desarrollo que Incendia el Futuro

Los incendios no son una excepción, son la norma del modelo de desarrollo vigente: extractivista, permisivo, desigual. La agroindustria mecanizada, los nuevos asentamientos y la minería ilegal no solo degradan el territorio, sino que configuran una lógica de ocupación y destrucción validada por una política estatal pasiva o cómplice.

En lugar de proteger, el Estado legitima el fuego como instrumento de desarrollo rural. No existe una estrategia clara de prevención, restauración ni fiscalización. Las respuestas son siempre tardías, reactiva y sin memoria institucional.

Lo Que Bolivia Necesita con Urgencia

El 2024 no puede repetirse. Para detener esta catástrofe progresiva, Bolivia necesita una transformación estructural urgente:

  • Declaratoria de emergencia ambiental nacional permanente.

  • Suspensión indefinida de chaqueos en zonas de alto riesgo.

  • Erradicación total de minería ilegal en TCOs y áreas protegidas.

  • Implementación de un sistema de fiscalización descentralizado, autónomo y con presupuesto.

  • Restauración ecológica de áreas quemadas y compensación a comunidades afectadas.

  • Políticas de uso del suelo basadas en ordenamiento territorial y justicia ambiental.

Conclusión: Un País en Llamas y un Futuro en Juego

El fuego de 2024 no solo devoró bosques: consumió parte de nuestro futuro común. Nos mostró el precio de la impunidad, la ausencia de planificación y la urgencia de cambiar el rumbo. Cada hectárea quemada es una advertencia. Cada comunidad afectada, una deuda pendiente.

No es tarde para actuar, pero cada día perdido equivale a un ecosistema más desaparecido y una generación más condenada al despojo.

Por MSc. Edwin Calle Condori